Qué es la DCF?
La Defensoría del Cliente Financiero, es una instancia creada y autorizada por la Asociación de Entidades Financieras del Paraguay, ADEFI.

Ejerce sus funciones con absoluta independencia e imparcialidad y brinda sus servicios de manera gratuita para resolver los reclamos de los clientes de las entidades financieras.

Funciones

Las funciones de la oficina de la Defensoría del Cliente Financiero son la tutela y protección de los derechos e intereses de los clientes derivados de sus relaciones con los mismos y que tales relaciones se desarrollen conforme a los principios de buena fe, equidad y confianza recíproca.

En cumplimiento de su función le corresponde a la oficina de la Defensoría:

Conocer, estudiar y facilitar la resolución de los reclamos que los clientes le planteen en relación con las operaciones, contratos o servicios bancarios y, en general, con todas las relaciones de la Entidades Financieras y sus clientes, que a juicio de éstos, hubiesen recibido un tratamiento que ellos estimen negligente o injusto.

Intervenir como conciliador entre los clientes y Entidades Financieras con el objeto de llegar a un arreglo amistoso.

Presentar, formular y realizar ante las Entidades Financieras informes, recomendaciones y propuestas que puedan favorecer las buenas relaciones entre las Entidades Financieras y sus clientes.

Materias excluidas

Quedan excluidas de la competencia de la Defensoría:

Las relaciones laborales entre las Entidades Financieras y sus empleados.

Las relaciones entre las Entidades Financieras y sus accionistas.

Las cuestiones que se refieren a las decisiones de las Entidades Financieras relativas a conceder o no un crédito o a efectuar o no cualquier otro contrato, o una operación o servicio concreto con personas determinadas, así como sus pactos o condiciones.

Las que se refieren a cuestiones que se encuentren en trámite o hayan sido ya resueltas por cualquier autoridad oficial o privada que atiende reclamos de los usuarios.

Los reclamos cuya cuantía exceda U$S 15.000.- (quince mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional.

Las cuestiones sometidas a la Defensoría, donde no se haya logrado acuerdo entre las partes, en los cuales no podrá tomar resolución unilateral.